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Liberación inmediata e incondicional de Lucila Bettina Cruz Velázquez

“Alto total a los actos de criminalización y a la transgresión de las libertades que tenemos los miembros del pueblo mexicano por expresar y manifestar nuestras ideas libremente y sin transgredir a la ley”.
El 22 de febrero de 2012, a las 15:30 de la tarde, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a la defensora de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez en el municipio de Santa María Xadani, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Hasta el momento se desconoce su paradero y los cargos en su contra. La Sra. Cruz Velázquez goza de medidas cautelares emitidas por la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca desde el 14 de noviembre de 2011.
En el momento de su detención la defensora estaba acompañada por la abogada Maribel González Pedro. En ningún momento la PGR les permitió leer la orden de aprensión así que se desconocen los motivos de la detención. Hasta el momento no ha sido posible confirmar que la Sra. Cruz Velázquez haya sido presentada ante las autoridades federales competentes, por lo que se teme por su seguridad e integridad física.La Sra. Cruz Velázquez es una reconocida defensora del derecho a la tierra y al territorio y co-fundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio. La Asamblea ha acompañado a una serie de campañas para reivindicar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellas la organización comunitaria de los pueblos zapotecos e ikoots en resistencia a los proyectos eólicos de la región y al pueblo zapoteco de Xadani en contra de la alza de las tarifas eléctricas impuestas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La Sra. González Pedro es también integrante de la Asamblea.No es la primera vez que la PGR detiene a un integrante de la Asamblea. El 12 de abril de 2011, el dirigente del movimiento contra las altas tarifas, el Sr. Filiberto Vicente Aquino fue detenido en Xadani y trasladado a las instalaciones de la PGR en Salina Cruz, Oaxaca. Gracias a la movilización popular fue liberado al día siguiente. Al Sr. Vicente Aquino se le acusó falsamente del robo de energía eléctrica.
La detención de la defensora Sra. Cruz Velázquez hace evidente la criminalización de la labor de las defensoras de derechos humanos y la ausencia de seguridades para las mujeres defensoras para ejercer su labor en un ambiente libre de violencia.Esta acción urgente fue emitida por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. 

Carta a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibañez, para demandar la liberación inmediata de la activista Lucila Bettina Cruz Velázquez.

Sobre la detención

El 22 de febrero agentes de la Procuraduría General de la República arrestaron a Lucila Bettina Cruz Velázquez en el municipio de Santa María Xadani, en el estado de Oaxaca mientas ella se retiraba de una reunión con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad  (CFE) en compañía de la abogada Maribel González. Los agentes no mostraron ninguna orden de arresto que les autorizara a detenerla ni le fueron explicados los motivos de su detención.

Ella fue mantenida incomunicada durante horas antes de ser trasladada a la prisión de Tehuantepec para enfrentar cargos de privación ilegal de libertad de funcionarios de la CFE. Será presentada hoy mismo a un juez quien tendrá la autoridad para liberarla bajo fianza.

Vía Ciudadanía Express

Sobre Lucila Bettina Cruz Velázquez y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec

Lucila Bettina Cruz Velázquez es integrante y cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio. La Asamblea trabaja para lograr la protección a los derechos de los pueblos indígenas, y ha llevado a cabo acciones de protestas contra la construcción de granjas eólicas en tierras pertenecientes a pueblos indígenas. A raíz de las amenazas y ataques que sufrió durante octubre y noviembre de 2011 por su trabajo en defensa de los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca ordenó medidas cautelares para proteger a Lucila Bettina Cruz en noviembre de 2011.

El 21 de octubre de 2011 Lucila Bettina Cruz Velázquez y Maribel González Pedro fueron amenazadas de muerte, cuando unos 50 trabajadores de una empresa adjudicataria de una granja eólica llegaron a tierras pertenecientes a la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo en el Estado de Oaxaca. Los miembros de la comunidad indígena se oponen a la construcción de la granja eólica en sus tierras. Argumentan que la construcción se está levando a cabo sin su consentimiento previo, libre e informado, tal y como establece la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y están preocupados por el impacto de la construcción en su tierra y su agricultura.

El 28 de octubre de 2011, miembros de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo) realizaron una protesta en el tramo de la carretera Panamericana que atraviesa La Venta-Unión Hidalgo contra la construcción de turbinas eólicas en sus tierras. Según la información recibida, miembros de la vecina comunidad de La venta, favorables a la instalación de las turbinas, acudieron al lugar y amenazaron al grupo para que detuviese sus protestas. Los manifestantes argumentaron su derecho a la protesta pacífica, pero llegaron más hombres, armados con pistolas y machetes. Los líderes de la protesta, incluyendo Lucila Bettina Cruz Velázquez y Juan Regalado Martínez, fueron golpeados y pateados en el suelo, y amenazados de muerte. Dos personas fueron asesinadas y miembros de la comunidad, incluida Bettina, fueron acusados falsamente de ser los responsables.

Proyectos industriales y de desarrollo que afectan a comunidades indígenas y campesinas en México, se implementan sin información confiable para las comunidades y sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. Como resultado de esta situación, los miembros de comunidades indígenas protestan contra los proyectos y exigen el respeto a su derecho a ser escuchados y consultados. Amnistía Internacional ha documentado frecuentemente el mal uso del sistema de justicia penal contra defensores de derechos humanos y activistas comunitarios que realizan protestas pacíficas para pedir el respeto a sus derechos, lo cual ha implicado acoso judicial, juicios injustos y condenas sin fundamento.

Vía Ciudadanía Express

Presunto delito 

La Procuraduría General de la República informó que esta detención se debe a hechos relacionados con una protesta ocurrida el 13 de abril de 2011, “ cuando un grupo de personas -presuntamente encabezadas por la inculpada- tomaron las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, ubicadas en el kilómetro 821 de la Carretera Panamericana, en la colonia Felipe Pescador, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, y presuntamente por órdenes de la indiciada se impidió el acceso y salida del personal de dicha institución; asimismo incitó a los manifestantes y al pueblo en general a no pagar el servicio de energía eléctrica”. De acuerdo con la información difundida Cruz Velázquez se encuentra acusada de la comisión “de los delitos contra el consumo y la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad”.

Vía La Jornada

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